Luego de más de nueve meses de tramitación y de la discusión de las indicaciones presentadas en el Senado, la Cámara de Diputados aprobó la Ley que Crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas.
El proyecto, que abarca aspectos clave en materias de formación inicial, inducción y carrera docente, recoge los principales puntos planteados en los contextos de El Plan Maestro, las mesas técnicas convocadas por Mineduc, las demandas del Colegio de Profesores y la participación de diversos actores durante su trámite legislativo.
La nueva Política Nacional Docente beneficiará a más de 200 mil profesores en ejercicio, tendrá un costo para el Estado de 2300 millones de dólares y se implementará gradualmente a partir de 2017. Aquí te presentamos los 7 puntos más importantes del texto aprobado.
- Establece una carrera de desarrollo continuo en base al desempeño y al proceso de formación de los docentes. La clasificación o “encasillamiento” de los profesores incluirá tres tramos de desarrollo profesional obligatorios (Inicial, Temprano y Avanzado) y dos tramos voluntarios (Experto I y Experto II), estos últimos asociados a puestos de mayor responsabilidad y más alta remuneración. Los requisitos para avanzar de tramo consideran la evaluación de conocimientos pedagógicos y disciplinarios y un portafolio docente enriquecido que incorpora un módulo de trabajo colaborativo.
- El diseño e implementación de los procesos de evaluación y perfeccionamiento estarán a cargo de la Agencia de Calidad de la Educación y el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), con la coordinación del Ministerio de Educación. La formación será gratuita para los establecimientos y en ella sólo podrán participar instituciones sin fines de lucro.
- El nuevo sistema conllevará un incremento salarial en el orden del 30% para los docentes que ingresen a la carrera (alrededor de 800 mil pesos), quienes no deberán rendir una prueba habilitante, bastándoles únicamente tener el título profesional.
- La carrera entra en vigencia en 2017 para los docentes de la educación pública y de manera gradual para quienes se desempeñen en la educación particular subvencionada, en un proceso que terminará en 2026. Este punto, que tiene una raíz en la limitación del presupuesto y los consecuentes cupos para cada tramo, genera aversión en docentes y sostenedores de la educación particular subvencionada, lo que podría retrasar la promulgación de la Ley ante una eventual impugnación frente al Tribunal Constitucional.
- Establece el aumento de las horas no lectivas a un 30% del tiempo total del contrato, lo que comenzará a funcionar en 2017 para los docentes de la educación pública y particular subvencionada, incrementándose a un 35% en 2019. Además, se entrega la posibilidad de destinar el 40% del tiempo a los profesores que ejerzan en establecimientos con una concentración de estudiantes prioritarios igual o superior al 80% (con cargo al subsidio SEP). El texto entrega libertad al Consejo de Profesores para definir el uso de ese tiempo.
- Aumento de las exigencias a las carreras de pedagogía y a los estudiantes que ingresen a sus programas mediante la acreditación obligatoria de los mismos y nuevos requisitos de ingreso.
- La carrera es universal, aplicándose gradualmente a todos los docentes y educadores de párvulo de los establecimientos con financiamiento estatal. Los educadores podrán entrar a la carrera en 2020, siendo obligatorio en 2025.
- Se establece un sistema de formación e inducción descentralizado. Los establecimientos educacionales podrán planificar sus propios procesos de desarrollo profesional e inducción de sus profesores principiantes. El nivel de autonomía dependerá de la categoría de desempeño del establecimiento, lo que será supervisado por el CPEIP. La inducción estará a cargo de mentores expertos.
Los procesos de desarrollo profesional e inducción serán de carácter local y colaborativo, con instancias de retroalimentación lideradas por el equipo directivo de los establecimientos. - Reconocimiento a los docentes que trabajan en establecimientos de alta concentración de estudiantes prioritarios mediante una asignación especial. Esta asignación de vulnerabilidad será de 102 mil pesos para contratos de 44 horas.
- Aunque no forma parte del texto que está próximo a su promulgación, el Ministerio de Educación comprometió el ingreso de un proyecto que extenderá por ocho años el bono de incentivo al retiro docente. La medida será anunciada antes del 21 de mayo y beneficiará a 20 mil docentes que deseen jubilar.
