Jesús Triguero: "Con la entrada en vigencia de esta ley no se elimina la exclusión. Lo que se ha hecho es cambiarla de lugar: del ingreso pasó a las aulas...".
El 1 de marzo entró en vigencia la Ley de Inclusión, hecho que fue destacado por la prensa y autoridades, y que pone fin a toda discriminación de alumnos. Una buena noticia si pensamos en el derecho a la educación y en el interés superior de todos los niños de nuestro país. Desafortunadamente, en la práctica no es así. Podríamos sentar junta a toda una generación de alumnos y no por ello cumplir con la inclusión, si es que no se les entrega una educación de calidad.
Al tener las escuelas un bajo rendimiento académico se produce la peor de las exclusiones: la del conocimiento. El objetivo fundamental e indiscutible de toda reforma educacional es mejorar los aprendizajes, la adquisición de conocimientos y el desarrollo de valores, habilidades cognitivas y sociales. Mantener diferencias importantes de rendimiento entre las instituciones educacionales o los alumnos trae como consecuencia una división social, económica y cultural importante, que empieza en el colegio, pero que se amplía y potencia fuertemente una vez terminada la etapa escolar.
La Ley de Inclusión no contempla este tipo de discriminación, que es el fondo del problema, y pone toda su fuerza en terminar con la selección, pero sin ninguna preocupación por lo que encontrarán los niños una vez dentro. Poco o nada se logrará si no se obtienen los estándares de aprendizajes que esperan las familias y la sociedad. Por ello es que toma cada vez más fuerza la idea propuesta tantas veces por FIDE a las autoridades, no solo durante el debate de esta ley en el Congreso, sino a través de todo el proceso de reforma: la meta más importante de una reforma educacional es mejorar la calidad de la educación.
Esta exclusión del conocimiento es la más común y la peor de todas, ya que es una discriminación encubierta. En una sociedad como la nuestra, una de las más desiguales y segregadas del mundo, queremos tener una educación incluyente e igualitaria para todos, sobre la base de una dura legislación e insuficiencia de recursos. La aplicación de esta Ley de Inclusión en una sociedad desigual -sin plazos ni gradualidad acorde con las exigencias- impone una tarea descomunal a los directores y profesores. Y además, la impone bajo condiciones muy adversas. Esto no es un desafío, tal como lo han planteado quienes nunca han hecho clases en una escuela; es un despropósito, dados los recursos económicos y profesionales con que cuentan las escuelas. Aspirar a una educación igualitaria en una sociedad profundamente desigual, es un cambio paradigmático del sistema escolar. La inclusión total no se logra por decreto.
La misma escuela que fue creada para un sistema educativo desigual debe sortear con éxito esta barrera infranqueable bajo las actuales condiciones. Lo más urgente para las familias -especialmente para las más pobres- es que sus hijos tengan una educación de calidad, ya que es la única herramienta con que cuentan para salir de la pobreza. Ante estas urgencias perentorias de mejoramiento que requiere nuestro sistema educativo, el debate sobre si la educación debe ser pública o privada es algo completamente irrelevante. Incluir todo tipo de alumnos en escuelas que no están preparadas para recibir un contingente muy diverso de jóvenes, es verdaderamente una irresponsabilidad, con potenciales efectos indeseados.
Las universidades continúan preparando profesores para desempeñarse en aulas homogéneas, y esta falta de competencias deberán asumirla los directores, que se encuentran sobrepasados con deberes, desprotegidos legalmente, sin apoyo profesional ni financiamiento adecuado. Las tareas propias de las instituciones de educación superior deberán hacerlas las escuelas.
Con la entrada en vigencia de esta ley no se elimina la exclusión. Lo que se ha hecho es cambiarla de lugar: del ingreso pasó a las aulas.Jesús Triguero J.
Presidente nacional
Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE)
Al tener las escuelas un bajo rendimiento académico se produce la peor de las exclusiones: la del conocimiento. El objetivo fundamental e indiscutible de toda reforma educacional es mejorar los aprendizajes, la adquisición de conocimientos y el desarrollo de valores, habilidades cognitivas y sociales. Mantener diferencias importantes de rendimiento entre las instituciones educacionales o los alumnos trae como consecuencia una división social, económica y cultural importante, que empieza en el colegio, pero que se amplía y potencia fuertemente una vez terminada la etapa escolar.
La Ley de Inclusión no contempla este tipo de discriminación, que es el fondo del problema, y pone toda su fuerza en terminar con la selección, pero sin ninguna preocupación por lo que encontrarán los niños una vez dentro. Poco o nada se logrará si no se obtienen los estándares de aprendizajes que esperan las familias y la sociedad. Por ello es que toma cada vez más fuerza la idea propuesta tantas veces por FIDE a las autoridades, no solo durante el debate de esta ley en el Congreso, sino a través de todo el proceso de reforma: la meta más importante de una reforma educacional es mejorar la calidad de la educación.
Esta exclusión del conocimiento es la más común y la peor de todas, ya que es una discriminación encubierta. En una sociedad como la nuestra, una de las más desiguales y segregadas del mundo, queremos tener una educación incluyente e igualitaria para todos, sobre la base de una dura legislación e insuficiencia de recursos. La aplicación de esta Ley de Inclusión en una sociedad desigual -sin plazos ni gradualidad acorde con las exigencias- impone una tarea descomunal a los directores y profesores. Y además, la impone bajo condiciones muy adversas. Esto no es un desafío, tal como lo han planteado quienes nunca han hecho clases en una escuela; es un despropósito, dados los recursos económicos y profesionales con que cuentan las escuelas. Aspirar a una educación igualitaria en una sociedad profundamente desigual, es un cambio paradigmático del sistema escolar. La inclusión total no se logra por decreto.
La misma escuela que fue creada para un sistema educativo desigual debe sortear con éxito esta barrera infranqueable bajo las actuales condiciones. Lo más urgente para las familias -especialmente para las más pobres- es que sus hijos tengan una educación de calidad, ya que es la única herramienta con que cuentan para salir de la pobreza. Ante estas urgencias perentorias de mejoramiento que requiere nuestro sistema educativo, el debate sobre si la educación debe ser pública o privada es algo completamente irrelevante. Incluir todo tipo de alumnos en escuelas que no están preparadas para recibir un contingente muy diverso de jóvenes, es verdaderamente una irresponsabilidad, con potenciales efectos indeseados.
Las universidades continúan preparando profesores para desempeñarse en aulas homogéneas, y esta falta de competencias deberán asumirla los directores, que se encuentran sobrepasados con deberes, desprotegidos legalmente, sin apoyo profesional ni financiamiento adecuado. Las tareas propias de las instituciones de educación superior deberán hacerlas las escuelas.
Con la entrada en vigencia de esta ley no se elimina la exclusión. Lo que se ha hecho es cambiarla de lugar: del ingreso pasó a las aulas.Jesús Triguero J.
Presidente nacional
Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE)
Fuente: El mercurio