(Por la periodista Catalina Allendes E., de Revista CAPITAL).
Concentrada la reforma en el fin del lucro, la selección y el copago, poco se discute sobre el real problema de la educación en Chile: el bajo nivel de la enseñanza. Alumnos que en octavo básico no saben multiplicar, que no entienden lo que leen y que acumulan rezagos en su aprendizaje de dos años (y más), son parte del panorama. Se necesita una cirugía mayor en la sala de clases, coinciden los expertos
Tres de cada cuatro estudiantes de octavo básico de los colegios chilenos no tienen los conocimientos mínimos para su edad en matemáticas. Si hablamos de lenguaje, es menos de la mitad. Con cifras en mano, el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas de Educación de la Universidad Católica (Ceppe) volvió a poner en el tapete la gravedad de lo que ocurre en las salas de clases nacionales.
El panorama es feroz. Y hay cierto consenso en su gravedad: sectores desde la UDI al PS –incluyendo también a la Iglesia Católica– han criticado que la reforma haya partido al revés, sin poner el foco en lo que sucede en la sala de clases. En plena discusión parlamentaria sobre el proyecto del Gobierno, que algunos describen como revolucionario, no existe un diagnóstico oficial acerca de la calidad de las 12.174 escuelas, colegios y liceos que hay en el país.
La promesa es que a fin de año se conozca el primer informe de la debutante Agencia de Calidad de la Educación, el ente que se creó durante el anterior gobierno de Michelle Bachelet, que le pondrá nota a cada uno de los colegios del país. Recién ahí habrá una mayor claridad acerca de las mejoras que debe hacer cada establecimiento, pues el informe irá acompañado con un plan de mejoramiento (ver recuadro).
Mientras, y sin desconocer que ha habido avances, sostenedores, profesores y expertos no entienden la pasividad con que, más allá del discurso, se ha enfrentado el desafío de mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños y jóvenes. En Educación 2020 van más lejos y plantean que si se trata de ser rigurosos, una gran mayoría de colegios lisa y llanamente estarían en desacato, pues la Ley General de Educación de 2009 establece claramente los principios que se deben seguir, y que hoy, muy pocos logran. "Si se penara este incumplimiento, habría que meter a muchos colegios a la cárcel", advierte su directora ejecutiva, Mirentxu Anaya. O mirado de otro modo, el Estado chileno podría arriesgar demandas colectivas por incapacidad de hacer cumplir lo que promete.